"LA REALIDAD ECONÓMICA GENERA UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN LAS CONSULTAS Y SOLICITUDES DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA"
PROTAGONISTAS DE LA POLÍTICA ACTUAL
Abogada Dra. Mariana Ledesma
Coordinadora del Consultorio Jurídico Gratuito - San Miguel
¿Qué es el Consultorio Jurídico Gratuito, a quién pertenece y por qué decidieron abrir sede en el distrito de San Miguel?
El Consultorio Jurídico Gratuito es un servicio dependiente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Martín, cuyo objetivo principal es garantizar el acceso a la justicia de aquellas personas que, por su situación económica, no pueden afrontar los honorarios de un abogado particular.La apertura de una sede en San Miguel responde a la necesidad de acercar este servicio a los vecinos del distrito, facilitando el acceso a asesoramiento legal y patrocinio jurídico sin que deban trasladarse a otras localidades. Provisoriamente la sede se encuentra funcionando en el Centro Cívico de la localidad de los Polvorines.
Entendemos que la justicia debe ser accesible para todos y que la cercanía territorial es una herramienta fundamental para lograrlo.
¿Cree que la situación económica del país fomenta a que más ciudadanos deban recurrir al servicio gratuito de dicho Consultorio?
Sin dudas. La realidad económica actual ha generado un incremento significativo en las consultas y solicitudes de asistencia jurídica gratuita. Muchas familias atraviesan situaciones complejas vinculadas a cuestiones de familia, alimentos, régimen de comunicación, guardas, determinación de incapacidad, entre otras problemáticas.
Frente a este escenario, el Consultorio Jurídico Gratuito cumple una función social esencial, permitiendo que las personas puedan ejercer y defender sus derechos sin que la falta de recursos económicos constituya un obstáculo para acceder a la justicia.
La prevención, la educación en derechos, el fortalecimiento de las políticas públicas y la promoción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos son herramientas que permiten brindar respuestas más rápidas y eficaces a los ciudadanos. Cuando existe un trabajo coordinado entre los distintos actores institucionales, no solo se reducen los conflictos judiciales, sino que también se fortalece el tejido social y la confianza de la comunidad en las instituciones.
El acceso a la justicia no debe limitarse únicamente a la resolución de conflictos ya existentes, sino que también debe orientarse a la prevención, la contención y la protección efectiva de los derechos de las personas.