Los trabajadores metalúrgicos realizaron una asamblea en la planta de cables tras denunciar cesantías ilegales. El gremio apunta contra la dirección de la empresa por falta de diálogo y el incumplimiento de las normativas vigentes.
En una jornada marcada por la zozobra y la tensión, trabajadores de la firma CA.EL.AR. S.A. se concentraron esta mañana en las puertas de la planta para repudiar una serie de despidos calificados como "arbitrarios e ilegales". La medida de fuerza contó con el respaldo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Capital.
Presente en el lugar, el Secretario General Adjunto de la seccional, Roberto Bonetti, cuestionó con dureza el accionar el accionar patronal: “Es inaudito que tengamos que enseñarles la ley laboral a los empresarios. Si la firma alega una crisis económica, debe tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo y demostrarlo. No pueden tomar medidas unilaterales despidiendo trabajadores como si fueran material descartable”, sentenció el dirigente.
El gremio denunció que estas cesantías violan preceptos básicos de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y remarcaron que la empresa ignora el régimen de la Ley 24.013 (arts. 98 al 105), que obliga a las firmas a iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) antes de ejecutar despidos masivos por razones económicas. Al omitir este paso legal, la dirección de la empresa no solo actúa con arbitrariedad, sino que elude la instancia de negociación obligatoria que busca preservar la paz social y la continuidad de las fuentes de trabajo.
Pese a la movilización y los intentos de diálogo, la titular de la empresa, Hilda Mabel Bordi, y el director ejecutivo, Joel Simón Tuninetti, mantuvieron un hermético silencio. Desde el gremio denunciaron que la dirección ignora sistemáticamente los requerimientos y la delicada situación social de los empleados afectados.
El clima en la asamblea fue de incertidumbre y profunda indignación. Uno de los delegados gremiales expresó la angustia del personal: “La insensibilidad es total. Operarios con muchos años de antigüedad se enteraron de su despido de la noche a la mañana. Pretenden dejarnos en la calle sin el pago de las indemnizaciones correspondientes”.
Finalmente, Roberto Bonetti vinculó el conflicto con el contexto macroeconómico: “No desconocemos la realidad del país; el gobierno de Javier Milei está provocando un ‘industricidio’ que supera la gestión de José Martínez de Hoz durante la dictadura militar. Hoy vemos cómo la importación indiscriminada desde países asiáticos, que desconocen los derechos sociales y laborales, viene perjudicando a las Pymes. Sin embargo, no permitiremos que empresarios con balances positivos pretendan ajustar a través del eslabón más débil de la línea de producción, que es el trabajador”.